Desde la Segunda Guerra Mundial, se ha pasado progresivamente de la época heroica, donde "el petróleo es del que lo encuentra", a la era de la descolonización, donde "el petróleo pertenece a la nación". Numerosos países productores, sobre todo en Oriente Medio y en América latina, sacan del petróleo una parte considerable de su producto nacional bruto y sus gobiernos buscan aumentar las rentas (royalties) y los impuestos que comprometen a pagar las compañías petrolíferas por el derecho a prospeccionar una determinada zona y de extraes los hidrocarburos que podrían encontrarse.
Durante largo tiempo, el acuerdo se hacía sobre la base llamada "50-50": el país productor y la sociedad concesionaria se repartían igualmente el beneficio que representaba la diferencia entre el precio de fabricación (coste de fabricación) y el precio de venta (precio fijado en el puerto de desembarco). Agrupados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), los productores han obtenido que la fiscalidad de base sea llevada a cotas cada vez superiores en una escalada de aumentos sin precedente que ha generado una crisis económica de graves repercusiones, en especial en los países importadores (todos los de Europa occidental y Japón). En caso de fracaso de las negociaciones, el gobierno productor puede proceder, contra indemnización, a la nacionalización parcial o total de los haberes de la compañía petrolífera expropiada: así fue como, en Febrero en 1971 Argelia tomó el control del 51% del patrimonio de las sociedades francesas en este país.
En todos los países, los productos petrolíferos, y particularmente, los carburantes, sirven de soporte a una importante fiscalidad, hasta el punto de que el precio real del litro de gasolina para automóvil en España es del orden del 25% del que en realidad paga el consumidor.
El control del petróleo se ha vinculado a diversos conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial hasta los más recientes en Iraq (1991 y 2004).
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